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El relator especial de la ONU en pobreza extrema recomienda una renta mínima de inserción amplia

El relator especial de Naciones Unidas en pobreza extrema, Philip Alston, destaca en su informe sobre la visita a España publicado este lunes que “a pesar de que la economía española está prosperando, no se puede decir el mismo de la mitad de su población”. Según los datos recogidos en el documento, el 26,1% de la población y el 29,5% de las niñas y niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social el 2018. 

El sucesor de Philip Alston, Oliver De Schutter, presenta el informe en el Consejo de Derechos Humanos este martes 7 de julio.

Durante su estancia en España entre el 27 de enero y el 7 de febrero, Alston visitó la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD y Ecoserveis, dos entidades sin ánimo de lucro que trabajan conjuntamente desde el 2013, para entrevistarse con cinco personas afectadas por pobreza energética (ver noticia).

Entre las recomendaciones del relator destacan adoptar un programa nacional de renta mínima bien diseñado y suficientemente financiado que permita a las personas beneficiarias, incluidas las menores de 25 años, vivir con dignidad, circular libremente por España y con un enfoque “individualizado y flexible” para reducir al máximo los trámites burocráticos. También propone la eliminación de las condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo y evitar que las personas beneficiarias se queden sin prestación por aceptar trabajos mal remunerados o temporales. Además, indica, tendría que introducirse una prestación nacional por infancia a cargo para los progenitores con menos recursos, así como un plan de prestaciones no contributivas y universales para las familias y personas con hijas o hijos a cargo.

En este sentido, sobre el Ingreso Mínimo Vital, el relator de la ONU avisa: “El gobierno tendría que garantizar que no se vea afectado por los mismos problemas que presentan las prestaciones de muchas comunidades autónomas, que a menudo llegan a muy pocas personas, proporcionan muy poco apoyo, tienen requisitos difíciles de cumplir y limitan la elegibilidad”. Por eso, De Schutter, ha pedido a España que amplíe la cobertura y la elegibilidad del nuevo IMV, reduciendo los trámites burocráticos.

Desde ABD constatamos esta realidad y apuntábamos hace casi un mes como muchas de las familias que están en programas de la entidad no podrán acceder a esta u otras ayudas de la administración por la dificultad de los trámites, la urgencia de su situación o por no cumplir los criterios establecidos. Es por esto que, desde programas como Comunidad Activa (Programa de Inserción laboral), dedicamos parte de nuestros esfuerzos a ayudar a las personas a iniciar la tramitación del IMV para que su solicitud sea tenida en cuenta. Por ejemplo, desde el 15 de junio, se han acompañado a unas 75 personas para poder realizar esta gestión.

Alston también pone el foco en el derecho a la vivienda e insta el Gobierno a aprobar una nueva ley sobre este derecho, aumentar las inversiones en vivienda de protección oficial, desincentivar fiscalmente la existencia de viviendas vacías, estudiar la posibilidad de introducir sistemas para controlar los precios de los alquileres, adoptar medidas para desmotivar la manipulación del mercado de vivienda por parte de “fondo buitre” o proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar ante el aumento de desahucios.

El informe pide, entre otros, revisar el sistema educativo para reducir los niveles de abandono escolar prematuro, las repeticiones de curso y la segregación escolar; sufragar la totalidad de los gastos relacionados con la educación de niños y niñas que se encuentren en riesgo de pobreza y proporcionar condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo para las personas migrantes.

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