ABD participa en una reunión con organizaciones sociales para evaluar el abordaje de la reducción de daños en Colombia

Después del encuentro, las entidades han propuesto medidas por poblaciones específicas y según el nivel de riesgo para paliar las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias

La Corporación Surgir y la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD, en el marco del proyecto TRANS-MET METODOLOGÍAS TRANSNACIONALES DE REDUCCIÓN DE DAÑOS Y ABORDAJES COMUNITARIOS, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, reunieron a varias organizaciones sociales en Medellín (Colombia) para evaluar el camino recorrido e identificar los próximos retos en el abordaje de la reducción de daños en Colombia.

Las organizaciones de la Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS)– Colombia que participaron en la reunión fueron la Fundación Procrear (Bogotá), la Corporación Consentidos (Cúcuta), la Corporación Viviendo (Cali), la Corporación Teméride (Pereira y Dosquebradas) y la Fundación Alpharero (Armenia).

De este encuentro, a parte de valorar positivamente los avances hechos en reducción de daños, las organizaciones señalaron aspectos a tener en cuenta para continuar adelante, además de las dificultades a las que se enfrentan para poder implementar una estrategia de sólida. En ese sentido, reclaman: tener más constancia en el tiempo para poder consolidar las políticas de drogas, -circunstancia que hasta el momento no se da porque el trabajo suele verse interrumpido por los cambios de gobierno-, fuentes estables de ingresos, menos centralismo en las decisiones y más rigor técnico a la hora de implementar la estrategia.

Como organizaciones expertas, en Colombia han identificado el consumo problemático de basuco, heroína, pegamento y medicamentos sin prescripción, cobrando especial atención el consumo de heroína y otras drogas por vía inyectada. Como paliar esta situación, señalan la necesidad de asegurar una atención diferenciada en los servicios de salud desde un enfoque de derechos humanos y reducción de riesgos y daños que no genere barreras de acceso, vulnere la integridad de las personas que usan dichas drogas o condicione el acceso a servicios sociales o de salud.

Propuestas por poblaciones específicas y según el nivel de riesgo

Desde el punto de vista estratégico y diferenciando por poblaciones específicas y según niveles de riesgo, sugieren poner en marcha varias acciones. En todos los aspectos sugieren promocionar la participación de la sociedad civil en espacios de comités de drogas en diferentes niveles para generar respuestas; crear observatorios de estigma y autoestigma, abordando no solo a los usuarios sino a los estigmatizadores.

En el caso de poblaciones con consumo experimental u ocasional sugieren servicios de análisis de sustancias en espacios de ocio enmarcados dentro de estrategias para la reducción de riesgos y daños basadas en el autocuidado y consumos controlados; acciones educativas para promover prácticas de consumo con menos riesgo o acceso a información real que contribuya a la prevención y permita la toma de decisiones.

Para poblaciones con consumo habitual o dependiente proponen dispositivos comunitarios barriales que posibiliten el acceso a servicios de mayor complejidad y atiendan las necesidades emergentes o desarrollar estrategias de reducción de riesgos que mitiguen afectaciones en la salud y, a su vez, prevengan tránsitos a consumos de mayor impacto.

Por último, para poblaciones de alta vulnerabilidad reclaman habilitar centros de uso de sustancias psicoactivas (SPA) supervisado, desarrollar más programas de sustitución para usuarias de opioides, dispensar y facilitar el acceso de naloxona en entornos comunitarios para la prevención de muertes por sobredosis de opiáceos desde un marco de protección social, así como el acceso a tratamientos para la superación de las conductas adictivas.

También proponen fortalecer la articulación de programas de asistencia social y de salud para garantizar atenciones integrales y diferenciadas, facilitar derivaciones y garantizar atención a salud física y mental; incluir en los programas a todas las personas que usan drogas y no solo a los que se inyectan drogas o diseñar y ejecutar programas de reducción de daños en cárceles, entre otras medidas.