El Grupo ABD participa en la XXI Jornada Anual de la Federación Catalana de Drogodependencias y otras adicciones, que reivindica una justicia menos punitiva, más restaurativa y centrada en los derechos de las personas
La Federación Catalana de Drogodependencias y otras adicciones (FCD), de la que forma parte el Grupo ABD, celebró el pasado 29 de octubre su XXI Jornada Anual en el Palau Macaya de Barcelona, bajo el lema «Repensando los derechos en las políticas de justicia y drogas. Otra justicia, menos punitiva y más reparadora, es posible».
La jornada, inaugurada por Àngels Guiteras, gerente del Grupo ABD y presidenta de la FCD, reunió a representantes de los ámbitos judicial, penitenciario, sanitario y social, profesionales de la red de atención a las adicciones, entidades, familias y personas con experiencia propia. También contó con la participación de Felisa Pérez, presidenta del Grupo ABD, en una de las mesas de debate.
Entre las intervenciones destacadas, la abogada Juana de la Rosa Calero abordó la necesidad de incorporar las circunstancias personales y psicosociales en las decisiones judiciales; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena presentó la experiencia del servicio SAJIAD, y la magistrada Carmen Guil reflexionó sobre los retos que plantean las adicciones y las nuevas realidades de consumo en el ámbito de la justicia.
La jornada concluyó con un reconocimiento al Dr. Joan Colom, exsubdirector general de Adicciones de la Generalitat de Catalunya, por su trayectoria profesional y su contribución al ámbito de las adicciones.





Hacia una justicia más restaurativa y centrada en las personas
A lo largo de la jornada se identificaron diferentes obstáculos que dificultan una respuesta adecuada a las personas con adicciones que entran en contacto con el sistema judicial.
Entre ellos, destacan la falta de detección de las circunstancias personales y sociales desde el inicio de los procedimientos judiciales, la necesidad de una mayor formación especializada de los operadores jurídicos, la insuficiencia de medidas alternativas a la prisión y las dificultades para garantizar el acceso a los tratamientos y la continuidad asistencial durante el encarcelamiento y después de la salida.
Ante esta realidad, la FCD defiende una respuesta judicial más individualizada, que tenga en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, garantice los derechos de las personas y favorezca los procesos de recuperación y reinserción social.
La Federación también reivindica el papel de las entidades especializadas del tercer sector, que deben participar activamente en la construcción de las políticas y los circuitos de atención, más allá de ser consideradas únicamente recursos de derivación.





Dos demandas para avanzar hacia un nuevo modelo
A partir de las reflexiones y propuestas compartidas durante la jornada, la FCD concreta sus reivindicaciones en dos demandas principales:
1. Crear en Cataluña un servicio de atención y asesoramiento especializado inspirado en el SAJIAD de Madrid.
Este servicio interdisciplinario permitiría identificar situaciones de consumo problemático y otras circunstancias psicosociales desde las primeras fases del procedimiento judicial, asesorar a los operadores jurídicos y facilitar el acceso a tratamientos especializados y medidas alternativas a la prisión.
2. Aplicar de manera efectiva las herramientas que ya contempla el ordenamiento jurídico.
La Federación reclama hacer efectivos los mecanismos de suspensión de la ejecución de las penas previstos en los artículos 80.5 y 87 del Código Penal, así como desarrollar las posibilidades que ofrecen los artículos 100.2 y 182 del Reglamento Penitenciario. Para conseguirlo, considera imprescindible reforzar la formación de los profesionales, las valoraciones especializadas y la coordinación entre los ámbitos judicial, penitenciario, sanitario y social.





Una respuesta conjunta basada en los derechos y la reinserción
La XXI Jornada Anual de la FCD puso de manifiesto la necesidad de humanizar las políticas judiciales y penitenciarias, situando a las personas en el centro como sujetos de derechos, y de reforzar la participación de las personas afectadas, las familias y las entidades en las decisiones que les afectan.
En este sentido, la Federación defiende que una mayor coordinación entre la justicia, la salud y los servicios sociales permitiría ofrecer respuestas más eficaces, prevenir la reincidencia y favorecer una gestión más eficiente de los recursos públicos.
El objetivo es avanzar hacia una justicia menos punitiva y más reparadora, que priorice la prevención, la recuperación y la reinserción social de las personas con drogodependencias.
Recupera la XXI Jornada Anual de la FCD al completo: https://www.youtube.com/watch?v=HNb14XWrTuw


















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