La jornada abordó el impago de pensiones, las barreras de acceso a la viudedad y a la justicia gratuita, y las desigualdades económicas estructurales que afectan a las mujeres
El Grupo ABD estuvo presente en la jornada celebrada en León el pasado 4 de marzo junto a más de diez entidades del ámbito jurídico, académico e institucional de todo el Estado, celebrada en la sede de la Fundación Sierra Pambley. En representación de ABD asistió la responsable del proyecto europeo FREE, del que ABD es entidad socia en España y que tiene como objetivo combatir la violencia económica a través de la educación financiera,el fortalecimiento de capacidades profesionales y la incidencia política asistió al encuentro.
La jornada reunió a más de diez entidades del ámbito jurídico, académico e institucional como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación VIDA de Mujeres Viudas y Madres de Hijas e Hijos Huérfanos, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de Castilla y León, la UNED, las universidades de València y Murcia junto con la red EuWIGeN y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Navarra), entre otras y se articuló en cuatro bloques temáticos.
Impacto económico y obstáculos estructurales
El primero abordó el impago de la pensión de alimentos como práctica de coerción y dominación orientada a generar dependencia económica y desestabilizar el proyecto de vida de las mujeres y no como un mero conflicto patrimonial. Se analizaron también las limitaciones del FGPA como mecanismo de protección, con especial atención a su impacto desigual en mujeres migrantes y en situación de mayor vulnerabilidad.
El segundo bloque trató las barreras de acceso a la pensión de viudedad, con foco en las desventajas jurídicas de las parejas de hecho y en cómo la histórica dedicación de las mujeres a los cuidados se traduce, a lo largo de la vida, en desprotección económica.
El tercero analizó los obstáculos estructurales que limitan el acceso a la justicia gratuita para las víctimas de violencia económica.
Y el cuarto bloque puso cifras a la violencia económica estructural: una brecha salarial que puede superar el 30%, el peso desproporcionado de las excedencias por cuidados sobre las mujeres, y las desigualdades en el esfuerzo económico atendiendo a las diferencias en movilidad derivadas del trabajo de cuidados en entornos urbanos y rurales.
La clausura subrayó que la violencia económica no es un asunto privado, sino una vulneración de derechos colectivos, y situó la prevención y la salud financiera como herramientas clave para la autonomía de las mujeres.
Para ABD, la participación en este tipo de espacios de encuentro e incidencia forma parte esencial de los compromisos adquiridos en el proyecto FREE-DVV, que se implementa desde septiembre de 2025 hasta agosto de 2027 en cinco países europeos —España, Estonia, Italia, Rumanía y Chipre— con financiación del programa Erasmus+ KA220-ADU de la Comisión Europea.






















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