El Grupo ABD asiste a la presentación del XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en España

El evento estuvo organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)

El Grupo ABD participó en la presentación del XV Informe “El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015-2024”, celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). En representación del Grupo ABD, asistió Teresa Peset, Coordinadora de proyectos europeos de inclusión social, reafirmando nuestro compromiso con las políticas sociales y la lucha contra la exclusión. El acto reunió a profesionales del Tercer Sector de todo el país, representantes institucionales y autoridades, en un espacio de reflexión y denuncia de las causas estructurales de la pobreza. 

En sus intervenciones iniciales, se señalaron como cuestiones clave la crisis de la vivienda y la pobreza energética. Según el informe, el 19,7 % de la población española —cerca de 9,6 millones de personas— se encuentra en riesgo de pobreza. Si bien esto supone unas 200.000 personas menos que en 2023, se constata una mayor dificultad para salir de esta situación. Asimismo, la tasa AROPE ha aumentado entre la infancia y la adolescencia, lo que evidencia una tendencia preocupante, y se sitúa como la más alta de Europa. Precisamente, los sectores de población más afectados por la pobreza son la infancia y la adolescencia, las familias monomarentales, las personas migrantes —de las cuales la mitad se encuentran en situación de pobreza— y las personas con discapacidad, que también enfrentan mayores barreras para acceder a recursos, empleo y servicios básicos.

Posteriormente, Alejandro Sanz, como responsable principal del informe, y Ruth Caravantes, como responsable de Investigación e Incidencia política de EAPN-España presentaron los principales resultados del informe. El informe destaca que las prestaciones sociales evitan que 11 millones de personas caigan en la pobreza, aunque todavía hay muchas que, aun recibiendo ayudas, continúan en situación de vulnerabilidad. Las prestaciones más eficaces son aquellas orientadas a garantizar ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas autonómicas y locales, que refuerzan el Estado del Bienestar. El crecimiento económico, señalaron, no garantiza por sí solo una reducción de la pobreza. Entre 2013 y 2023, el PIB per cápita creció un 40,6 % (8.949 €), pero la tasa de pobreza apenas disminuyó siete décimas, pasando del 20,4 % en 2013 al 19,7 % en 2024.

También se alertó de que el empleo actual no garantiza unas condiciones de vida dignas. La pobreza entre personas con empleo sigue siendo una realidad extendida con 2,3 millones de personas en España, y se constata una feminización de la pobreza muy marcada. En el ámbito laboral, uno de los fenómenos más habituales es la parcialidad no deseada, especialmente motivada por la necesidad de conciliación. Tener hijas e hijos incrementa significativamente el riesgo de entrar en situación de pobreza. En relación con la crisis de la vivienda, se puso el foco en su consolidación como factor de empobrecimiento dado y en la acumulación de propiedades, que presiona al alza los precios del alquiler. Las familias en situación de pobreza destinan más de dos tercios de sus ingresos al alquiler, lo que deja una media de tan solo 300 euros mensuales para el resto de gastos básicos.

Pacto estatal contra la pobreza

Entre los datos positivos del informe, se destaca que tanto el índice de Gini como la tasa AROPE disminuyen y, además, la tasa de pobreza alcanzan en 2024 su mínimo histórico, situándose por primera vez en niveles similares a los anteriores a la Gran Recesión. 

Por último, desde EAPN se subrayó la urgencia de avanzar hacia un pacto estatal contra la pobreza y se hizo un llamado a la voluntad política para sacar adelante un pacto estatal contra la pobreza que contemple:

• Un sistema integral de garantía de rentas a lo largo de todo el ciclo vital, que no solo cubra a las personas jubiladas, sino también a la infancia y la adolescencia.

• El impulso de un parque público de vivienda social.

• Una mayor protección frente a los desahucios y la rehabilitación de barrios vulnerables sin caer en procesos de gentrificación verde.

• El refuerzo del sistema público para romper la transmisión generacional de la pobreza.

• Una fiscalidad justa.

• El fomento de empleo digno y de calidad que permita reducir la pobreza laboral y la parcialidad no deseada.

• La participación activa de las personas en situación de pobreza en la gobernanza y toma de decisiones.

• Medidas decididas contra la discriminación y la aporofobia.

Todo ello debe ir acompañado de una mirada transversal de género que permita abordar las desigualdades estructurales con justicia y perspectiva inclusiva.