Las reivindicaciones de las entidades sociales para establecer un nuevo modelo de concertación en las políticas activas de empleo en Cataluña llegan a la administración pública

Ante la supresión del programa de empleo SINGULARS, la Comisión de Inserción Sociolaboral de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), de la que forma parte el Grupo ABD, ha entregado el documento El rol de las entidades sociales en las políticas activas de empleo. ¿Hacia un nuevo modelo de concertación? a la dirección del SOC, a la Secretaría de Trabajo y a la Dirección General de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo

Las entidades sociales seguimos constatando que el Gobierno no responde con firmeza a la creciente desigualdad que venimos denunciando desde hace tiempo, y reclamamos avanzar hacia un rol complementario entre las administraciones públicas y las entidades sociales en el desarrollo de las políticas activas de empleo.

Por ello, la Comisión de Inserción Sociolaboral de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), de la que forma parte el Grupo ABD, ha entregado el documento El rol de las entidades sociales en las políticas activas de empleo. ¿Hacia un nuevo modelo de concertación? al director del SOC, Francesc Castellana; al secretario de Trabajo, Paco Ramos; y al director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo, David Bonvehí.

El documento destaca la necesidad de incorporar una perspectiva social en las políticas de empleo que garantice respuestas personalizadas para colectivos en situaciones especialmente complejas. Esto implica reforzar los espacios de diálogo y co-construcción de políticas públicas, así como dotar de más recursos los programas de inserción sociolaboral.

ECAS ya ha recibido las primeras reacciones al documento: entidades sociales y administración continuaremos en conversaciones para analizar la situación actual de los colectivos más vulnerables frente al mercado laboral y considerar líneas conjuntas de actuación.

A pesar del contexto generalizado de bonanza económica y la alta ocupación en Cataluña, un 10% de la población, aun teniendo trabajo, está en riesgo de pobreza, fruto de la creciente precarización de las condiciones laborales y el aumento del coste de vida. A este contexto hay que sumar la exclusión o las dificultades de diversos colectivos para acceder al mercado de trabajo.

“Es necesario visibilizar una doble realidad: la de las personas que no pueden acceder al mercado laboral y la de aquellas que, aun accediendo, no salen de la precariedad. El acceso a un trabajo digno no es un privilegio, es un derecho”, Mariona Puigdellívol, directora de ECAS

Las entidades sociales hemos sabido recientemente que el SOC dejará de impulsar el programa de empleo SINGULARS, que acompaña anualmente a más de 3.500 jóvenes sin empleo ni estudios, y que otros programas públicos, como el MAIS —dirigido a personas que reciben la Renta Garantizada de Ciudadanía— o el SIOAS —para personas con discapacidades— han endurecido sus condiciones y reducido los tiempos de acompañamiento.

Por este motivo, y para no dejar a nadie atrás, pedimos al Gobierno que priorice la inversión en políticas activas de empleo dirigidas específicamente a aquellos colectivos más alejados del mercado laboral.

Derecho básico de las personas a acceder a un trabajo digno

Ante esta realidad, las 67 entidades que formamos la Comisión de Inserción Sociolaboral de ECAS hemos puesto en marcha una campaña bajo el lema “La protección de la salud es un derecho básico, el trabajo digno también”, que reivindica el derecho básico de las personas a acceder a un trabajo digno y el papel imprescindible de las entidades sociales en la promoción de empleo de calidad en Cataluña.

“La gestión de las políticas activas de empleo se basa en gran parte en un sistema de subvenciones puntuales que precariza a las entidades dedicadas a la inserción sociolaboral«, Esther Sancho, coordinadora de la Comisión de Inserción de ECAS

Las Entidades Catalanas de Acción Social defendemos que la construcción de una sociedad más justa y cohesionada pasa por garantizar unas condiciones de trabajo digno para todas las personas, y que este debe ser un objetivo compartido entre la administración pública y los agentes sociales.

Por ello, reivindicamos una colaboración más sólida y estructural, que incorpore plenamente la mirada social en el diseño e implementación de las políticas de empleo, y que garantice respuestas adaptadas a las situaciones complejas de muchas personas. En este sentido, consideramos imprescindible reforzar los espacios de diálogo, avanzar hacia la co-creación de políticas públicas y dotar de más recursos a los programas de inserción sociolaboral.