La VdG sigue siendo un reto persistente (afecta al 32% de las mujeres en Italia, el 37% en Grecia, el 42% en Rumanía, casi la mitad en Albania y el 28% en España). Las mujeres y niñas que sufren múltiples discriminaciones (como discapacidad, estatus migratorio o identidad LGBTQI+) se enfrentan a riesgos agravados y a múltiples barreras de acceso a los servicios de protección. En el caso concreto de España, la prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja es significativamente superior (alrededor de un 12% más) para las mujeres con discapacidad respecto a las que no la tienen.

Las ONG que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres operan con recursos técnicos y financieros muy limitados, con alta rotación de personal (a menudo basado en el voluntariado) y una gran dependencia de fondos públicos institucionales inestables.

Existe una carencia importante de servicios adaptados a grupos diversos (casas de acogida accesibles para mujeres con discapacidad, mediadoras interculturales para mujeres migrantes, etc.) y falta de formación específica para el personal de primera línea. En España, a pesar de contar con un marco legal amplio, persisten retos importantes para garantizar la accesibilidad y la inclusión de mujeres trans, mujeres migrantes y refugiadas, las cuales sufren un acceso a la protección que a menudo varía según la región. También hay una falta de protocolos y servicios accesibles para mujeres con discapacidad y una clara necesidad de formar mejor a las personas profesionales de atención directa.

Las ONG se enfrentan cada vez más a la hostilidad política, reacciones conservadoras y la exclusión de los procesos de creación de políticas, lo cual exige un esfuerzo urgente para fortalecerlas mediante redes transnacionales e incidencia colaborativa. Este fenómeno de polarización política también se hace patente en España, donde las ideologías más conservadoras han llegado a poner en duda las iniciativas de igualdad y la necesidad de servicios de apoyo a las supervivientes.