España otorga a las Comunidades Autónomas la autoridad para legislar sobre violencia de género (VG), garantizando derechos al menos iguales a las leyes nacionales. El enfoque progresista de Cataluña incluye leyes integrales y más de 150 servicios públicos desde 2008.

A pesar de los avances, las estadísticas de violencia de género en España siguen siendo alarmantes, con 66 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en 2021. Los tribunales españoles recibieron 162.848 informes de violencia de género, un aumento del 8% respecto al año anterior. Los casos no denunciados, que se estiman en el doble de los notificados, subrayan la urgente necesidad de continuar los esfuerzos en todo el país para combatir la violencia de género.

En España, las organizaciones sociales desempeñan un papel crucial en el apoyo a las víctimas y la promoción de mejoras políticas. Sin embargo, existe preocupación por la presencia cada vez menor de ONGs de mujeres en los procesos políticos y de contratación pública, lo que afecta su capacidad para contribuir de manera efectiva. Detectan la necesidad de ofrecer apoyo de salud mental para quienes trabajan con supervivientes de violencia de género

En Grecia, los servicios se concentran predominantemente en las zonas urbanas, lo que deja desatendidas a las poblaciones rurales y remotas. Muchas organizaciones sociales carecen de experiencia y capacidad para apoyar adecuadamente a las víctimas, lo que indica la necesidad de adoptar medidas más sistemáticas y enfoques holísticos.

Las organizaciones italianas están luchando con recursos insuficientes, largas demoras en la financiación y oportunidades de incidencia política limitadas.